Entendiendo La Relación Venezuela – China: 3ª Parte

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, Venezuela se ha convertido en un dolor de cabeza para su tradicional socio, Estados Unidos, y la creciente relación entre Beijing y Caracas sólo ha profundizado esa animosidad. En enero de 2018, el entonces Secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, advirtió a Latinoamérica sobre las ambiciones “imperialistas” de China.

En mayo de ese mismo año, después de que el presidente Nicolás Maduro ganara un segundo mandato, Venezuela fue sometida a sanciones internacionales por parte de Estados Unidos. “El resultado ilegítimo de este falso proceso es un golpe adicional a la orgullosa tradición democrática de Venezuela”, declaró el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Una posición que ha inclinado a Caracas a los BRICS (Brasil, Rusia India, China y Sudáfrica). Incluso antes de la última ronda de sanciones, el comentarista Félix Arellano escribió que obtener el apoyo del grupo de los BRICS podría proporcionar “el oxígeno necesario” que mantendría a Maduro en el poder.

Más allá de las declaraciones oficiales, el objetivo de China sería fundamentalmente pragmático, en la medida que Venezuela tiene algunas de las mayores reservas minerales del mundo. Los acuerdos entre ambos países, y el apoyo público ofrecidos por el presidente chino Xi Jinping a Maduro de la mano de nuevos contratos, indican la fortaleza de los intereses chinos.

Corrupción en Venezuela

Rafael Ramírez y Hugo Chávez (vía Panam Post)

En 2012, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional publicó una investigación que reveló inconsistencias en las cuentas de los recursos asignados al Fondo Nacional de Desarrollo y al Fondo Conjunto China-Venezuela. La ONG informó que de un total de 29 proyectos avaluados en US$ 6.000 millones, 15 carecían de informes de finalización.

El 19 de diciembre de 2012, el fiscal general de Venezuela señaló que se había llevado a cabo una investigación para analizar “dos supuestos desembolsos irregulares” de fondos autorizados por el Fondo Conjunto, y pagados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela a las empresas Kelora SA (US$ 22 millones) y Bismarck Consortium Trading Corp (US$ 62 millones). Dos años después, en julio de 2014, el ex gerente de operaciones del Fondo Conjunto, Javier Elías Briceño Scott, fue arrestado en Ciudad de México.

En julio de 2013, cinco meses después de asumir por primera vez la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro anunció el arresto de ocho personas vinculadas a un escándalo de malversación de US$ 84 millones del Fondo Conjunto, recursos que “estaban destinados a planes de producción de alimentos”. Este fue el inicio de una serie de investigaciones oficiales como resultado de reportajes periodísticos sobre la corrupción en medio de la relación comercial entre China y Venezuela.

Cuatro de los arrestados en ese momento eran funcionarios venezolanos directamente vinculados al Fondo Conjunto, a los que  Maduro acusó de ser miembros del partido de oposición Primero Justicia. Sin embargo, esas acusaciones resultaron ser falsas, mientras que el resto de los prisioneros eran empleados de la compañía suiza CAVEMIN (Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial).

Pero los escándalos de corrupción apenas comenzaban. En 2015 más cabezas comenzaron a rodar, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló que la Banca Privada de Andorra estaría lavando dinero de China, Rusia y una de las redes en el corazón de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En 2017, un tribunal andorrano reveló que estaba investigando una red de al menos 35 personas, la mayoría funcionarios del gobierno venezolano por la malversación de más de €2 millones entre 2007 y 2012 en la industria petrolera de ese país, los que fueron depositados en el Banco Privado de Andorra.

Entre los acusados ​se encontraba Diego Salazar, primo del ex presidente de PDVSA, y el ex ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, quien fue arrestado en Caracas en diciembre de 2017.

Según un informe del diario español El País, Salazar fue el intermediario entre un grupo de empresas chinas y su adjudicación de contratos en Venezuela para llevar a cabo obras públicas, lo que incluyó el cobro de comisiones y el 10% de las ganancias netas de cada una de las negociaciones. De esa forma Salazar y sus colaboradores se quedaron con US$ 200 millones.

El negocio de Salazar fue posible gracias a un acuerdo bilateral firmado en 2010, llamado Préstamo de Gran Volumen (Great Volume), en el que China comprometió US$ 20.000 millones para construir infraestructura energética a cambio de petróleo. Ante un juez, Salazar confirmó en Andorra en 2015 que eran las autoridades chinas las que tenían “el poder para decidir qué empresas” realizarían los proyectos.

Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía durante la presidencia de Hugo Chávez, también participó en la red de malversación de fondos. Fue arrestado en octubre de 2018 en España, acusado de cometer lavado de dinero. Días después, declaró ante un tribunal que los recursos que utilizaba provenían del Fondo Conjunto China-Venezuela.

Nervis Villalobos, ex Viceministro de Energía.

Luego, en noviembre de 2018, quien dirigiera la Tesorería Nacional de Venezuela durante el gobierno de Chávez, Alejandro Andrade, se declaró culpable en EE.UU. de lavado de dinero. El oficial de ejército confesó haber participado en un esquema de sobornos avaluados en miles de millones de dólares. Durante su periodo, Andrade también ocupó la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social, la entidad encargada de administrar, entre otros, los recursos del Fondo Conjunto.

A su vez, una investigación realizada por Andorra descubrió que Salazar recaudó alrededor de US$ 200 millones de cinco empresas chinas. Esto fue para facilitar la adjudicación de contratos con PDVSA y CORPOELEC en el marco del préstamo Great Volume.

Actualmente, Venezuela ocupa el puesto 173 entre 180 naciones en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, por delante de países como Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia.